“Decían que los negros no sentimos”.

Por Diego Cazar Baquero.

Fotografías: Edu León.

Edición 449 – octubre 2019.

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En 1974 Ermita Dolores Castillo Carriel tenía diez años y ya trabajaba. La pequeña había aprendido de su madre y de las mujeres mayores a tender la fibra de abacá para secarla al sol. De vez en cuando también arriaba una mula para llevar los atados de fibra al campamento donde vivía, para que otros campesinos los desfibraran.

El abacá o cáñamo de Manila es una palma muy parecida a la del banano. De ella se extrae una fibra tan resistente que la industria automotriz la usa como sustituta de la fibra de vidrio. El Ecuador es el segundo productor mundial de abacá, después de Filipinas. En 2018 exportó 7 233 toneladas de fibra por un valor de 17,2 millones de dólares.

Ermita creció en las haciendas de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador, fundada en 1963. Y como muchos niños nacidos dentro de esos sembríos, no fue a la escuela. Cuando creció conoció a Simón Agapito Pérez, se unió a él y juntos tuvieron seis hijos; tras el nacimiento del último, hace ya veintiocho años, Ermita quedó viuda. “Me lo mataron dentro de la compañía”, cuenta ahora, con 55 años, un hablar acelerado y el timbre agudo que se acomoda entre el grito y el llanto. Ermita dio a luz en una clínica de Quevedo y recibió una factura de 500 mil sucres por gastos médicos. Preocupado y diligente, Simón besó al bebé y viajó hasta las oficinas de la empresa para pedir algo de dinero, pero jamás volvió. La gente de la clínica retuvo al recién nacido como garantía hasta que la pareja pagara la cuenta. Quince días después del parto, Ermita tuvo que firmar un compromiso de pago para recuperar a su niño y salir. Pero, ya de vuelta, la mujer halló a otros abacaleros custodiando el cuerpo de su marido, tendido al pie de una palmera frente a la hacienda de Furukawa del km 33 sobre la vía Santo Domingo-Quevedo. Nunca supo cuánto tiempo pasó desde la muerte de Simón hasta que lo encontró ya sin vida, pero Ermita cree que fueron “los de la compañía”, acaso por pedirles dinero prestado para pagar la cuenta de la clínica.

Decenas de abacaleros cuentan escenas similares o peores. María Guadalupe Preciado recuerda una balacera que ocurrió en la hacienda Patricia hace unos quince años. Ella tenía veintitrés y casi diez años de “experiencia” como abacalera. “Llegaron una mañana sin avisar a nadie, espantando a los niños, y echaron gas” —relata la mujer—. “Todos salieron corriendo y en eso dispararon  a mi esposo. A mí me dejaron en la carretera, botada, embarazada, con mis dos hijos pequeños. Decían que los negros no sentimos”. A sus 38 años, María va a una escuela nocturna donde hace poco aprendió a escribir su nombre.

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Epistolario del absurdo

La primera señal que recibió el Gobierno fue una carta. El escrito llegó a manos del presidente Lenín Moreno el 19 de marzo de 2018. Luego pasó al escritorio del entonces secretario de la Política, Miguel Carvajal, un exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa que entonces ocupó más de cinco cargos, que fue también asambleísta y que después ocupó dos cargos más con Moreno.

En la carta, un grupo de abacaleros analfabetos, casi todos afrodescendientes y representados por un exseminarista llamado Walter Sánchez, reclamaba por el despido de 105 trabajadores de Furukawa, ocurrido días antes, trabajadores que de cualquier manera no laboraban en condiciones legales porque nunca habían sido reconocidos.

Recién en mayo algunos de ellos fueron recibidos por Carvajal, luego de enviarle otra carta. Él les pidió escribir una nueva carta para continuar el proceso, pero el 8 de ese mes ya había renunciado para ser reemplazado días después por Paúl Granda. El nuevo secretario recibió misivas que decían lo mismo: que unos cien trabajadores habían sido despedidos sin liquidaciones; que el entonces gerente de Furukawa, Marcelo Almeida, negaba su existencia; que hay  constantes desalojos y trabajo infantil; que no tienen luz ni agua ni casas decentes, ni educación ni salud, y que viven hacinados en cuartos miserables.

Las cartas llegaron también al despacho del entonces ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, y de algunos de sus subalternos. Esas cartas que parecían tan solo demandas laborales describían por primera vez las condiciones infrahumanas en las que vivían y trabajaban cientos de campesinos en manos de una multinacional que habría explotado a al menos tres generaciones de agricultores durante 56 años.

La mañana del lunes 3 de septiembre, cerca de ochenta abacaleros llegaron a la Plaza Grande, pues sus reclamos parecían haberse traspapelado. Un anciano mostraba su brazo sin antebrazo, otros exhibían cicatrices de cuchillo y machete en sus dedos, los nudillos deformados, las piernas chuecas, protuberancias en hombros y espaldas.

Por la tarde, Jorge Vásconez, director de Conflictos de la Secretaría de la Política, recibió a diez personas en sus oficinas mientras otro funcionario se ocupó, según la terminología burocrática y la norma interna, de “desmovilizar” a la gente después de atenderla. Luego de la reunión, Vásconez dispuso que el caso se atendiera “en territorio”, o sea, en las dependencias estatales situadas en las provincias donde están las abacaleras. Ese día Walter Sánchez dirigió un oficio al secretario Paúl Granda. Luego de la diligencia, los funcionarios marcaron en sus registros una “Alerta atendida”.

Pero Granda renunció a comienzos de diciembre y fue reemplazado por la ministra de Interior (hoy de Gobierno), María Paula Romo. Sánchez confesó haber recibido amenazas de muerte y en febrero presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del gerente de la empresa, Marcelo Almeida.

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El triángulo vicioso

“Yo soy poco burócrata”, repite Carlos Gómez de la Cruz siempre que puede. Toma una hoja en blanco y la raya, “siempre hay que tener en cuenta el triángulo”, comienza a instruir. Traza tres líneas.

Gómez de la Cruz, subsecretario de Gobernabilidad de la que hasta julio pasado fue la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, fue delegado por Romo para articular a las instituciones dotadas de atribuciones para solucionar el caso. Ese triángulo de Gómez de la Cruz fue la hoja de ruta del Gobierno. En un vértice, el funcionario ubicó a los trabajadores que, según él, querían continuar trabajando para los mismos empleadores que los explotaron. “Son la mayoría”, afirmó, rayando un círculo. En otro vértice ubicó a los “extrabajadores”, es decir, a quienes alguna vez trabajaron para Furukawa, y rayó otro círculo. Y en el tercer vértice estaban quienes no querían volver a la empresa por ningún motivo y que exigían sus liquidaciones por el tiempo trabajado. Tercer círculo.

El actual Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, cree que el caso Furukawa adolece de un “error de concepto de inicio”. Se refiere al tratamiento que el Gobierno le dio desde los primeros meses de 2018. Tanto Carvajal como Granda, y quienes se hicieron cargo en adelante, no se atrevieron a mirar la violación sistemática de derechos en contra de cientos de campesinos por parte de una multinacional durante más de medio siglo. Un informe de la Defensoría del Pueblo, el 18 de febrero de 2019, mostró violaciones al derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la identidad, a la educación, y sin embargo, las autoridades se limitaron a mediar un conflicto laboral.

“Si bien es importante el tema de las liquidaciones” —explica Carrión—, “no se agota en el simple reconocimiento laboral, sino que tiene que ir de la mano con el reconocimiento y la reparación de los derechos humanos vulnerados por más de cinco décadas”.

Un temor invadía a Gómez de la Cruz: que la empresa vendiera sus tierras para crear otra empresa “si es que la acción del Estado era muy contundente”. Bajo esa predisposición, “la empresa Furukawa tiene que regularizar la situación laboral de las personas que trabajan en los campamentos”, dijo el 1 de abril. De hecho, en comparecencia ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, su superior, la ministra Romo, celebró como un logro de su Gobierno que hasta ese día Furukawa ya hubiera incorporado a su nómina a doscientos trabajadores más, “regularizados”.

¿Reparación integral de derechos?  “¿Cómo se hace reparación de derechos si no es por vía judicial?”, se preguntó Gómez de la Cruz. ¿Liquidaciones según los años de trabajo? “Eso solamente va a existir una vez que concluya el proceso judicial que ni siquiera ha empezado”, explicó.

El defensor Carrión lo aclara de nuevo: “El ámbito de derechos humanos es mucho más amplio que un tema estrictamente legal”.

Ese 1 de abril Gómez de la Cruz se mostró optimista, sonriente, y al mismo tiempo cauto. “El rol de la política es mediar entre las partes”, dijo, y en la comparecencia del 10 de julio, Romo lo reiteró: “Participar como intermediario en las negociaciones que se hacían con la empresa”. Así, el Gobierno dedicó sus esfuerzos tan solo a un vértice de ese triángulo.

Gómez de la Cruz repisó una línea en su hoja de papel e hizo una revelación: “La propuesta” —que no es negociable— “es que esos campamentos se van a cerrar, es decir, la gente ya no puede vivir en los campamentos, tiene que vivir en los pueblos cercanos, en las
ciudades cercanas, con un sistema de movilización para aquellas personas que quieran seguir trabajando, que también son libres o no de hacerlo, hacia los puntos de trabajo”.

—¿Cómo se va a garantizar la vivienda de esas personas? —le pregunté.

—Con una nueva relación contractual —titubeó, mientras dibujaba los campamentos que él nunca ha visitado—; lo que se va a hacer es… insisto, todavía estamos en momentos de delineación de la estrategia (…). Lo que me gustaría es una especie de bono durante los primeros dos o tres meses, para que la persona pueda buscar su vivienda en el pueblo más cercano. Un bono de vivienda para que salga del lugar de esclavitud (…). Estos campamentos se derribarían.

Cinco meses después, no se ha implementado estrategia alguna. Lo que sí ocurrió es que el nuevo gerente de la empresa, Iván Segarra, pagó a decenas de campesinos entre 150 y cinco mil dólares como liquidaciones. Todo con la venia del exseminarista Sánchez, cuya denuncia se archivó, y de funcionarios del Ministerio de Trabajo que avalaron con su presencia estos pagos. Algunos abacaleros recibieron cien o doscientos dólares para que, según Segarra, puedan pagar “uno o dos meses de arriendo”, con la condición de que abandonen los  campamentos y reconozcan que jamás han tenido  relación laboral con Furukawa. Esos pagos corresponden a un “acto de buena voluntad de la empresa”, dijo.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos  Humanos (Ohchr) envió un comunicado  al Ecuador en abril, pidiendo información sobre el caso. El Gobierno —por medio del canciller José Valencia— respondió el 2 de junio. “Se ha logrado el compromiso de la empresa para garantizar a las personas que viven en sus propiedades el acceso y disfrute de todos los servicios básicos garantizados por la Constitución, incluyendo el de una vivienda digna”, dice el documento. Pero al cierre de este reportaje, Furukawa había
derrumbado al menos diez campamentos con maquinaria pesada, sin advertírselo a sus ocupantes. Algunos perdieron sus cosas bajo los escombros, y hoy muchos buscan acogida donde amigos y familiares. Muchos otros continúan sin registro de identidad. La respuesta oficial no dice que las sanciones en contra de la empresa —que no alcanzan los 180 mil dólares— no han sido canceladas pues abogados de Furukawa las impugnaron.  Tampoco explica que sesenta días después de su clausura la empresa volvió a operar sin resolver ninguno de los incumplimientos señalados.

Entre abril y agosto pedimos insistentemente entrevistas con el ministro de Trabajo, Andrés Madero, y con la ministra Romo, pero recibimos negativas, cancelaciones o prórrogas por e-mail o chats. Finalmente, sendos ministerios nos dijeron, mediante de sus comunicadores  institucionales, que sus titulares no harán más declaraciones sobre el caso.

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La voz como una sola memoria

La mañana del 3 de abril Delcita se quebró durante una rueda de prensa en Quito, en los bajos del Ministerio de Trabajo: “Yo tuve una niña que fue violada en la Furukawa y producto de la violación tiene un hijo. Entonces, no voy a permitir esto. ¡Si me tienen que sacar, me tendrán que sacar muerta de la empresa!”. Para ella y para más de trescientos campesinos que recibieron atención jurídica gratuita por parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), las tierras de Furukawa donde nacieron, crecieron y vieron morir a los suyos, se convirtieron en territorio de resistencia hasta que el Estado ecuatoriano les devuelva la vida que los empresarios les arrebató.

Tres meses después, el martes 16 de julio, Delcita hacía fila afuera de las oficinas de ese mismo ministerio en Santo Domingo. Estaba cansada y molesta. “Yo no pienso aguantar un día más sin comer, así que voy a coger esa plata”, dijo. Cuando le llegó el turno, le ofrecieron 4 500 dólares por más de treinta años de trabajo y ella los rechazó.

“Lo de la Furukawa es un sufrimiento que tenemos de algún tiempo —relató Pedro Lorenzo Ortiz, un hombre enjuto, de voz ahogada a sus 77 años—; éramos como esclavos”. Pedro ya no recuerda cuántos años tenía cuando empezó a trabajar en los campos de abacá, pero era un niño. Igual que Ermita, Pedro no fue a la escuela. Segundo Manuel Custodio, otro campesino, al menos alcanzó al tercer grado, puede leer y escribir con cierta dificultad pero eso le basta para fungir de tutor de sus compañeros cuando los empresarios intentan hacerles firmar documentos que no pueden leer.

Segundo tenía quince años cuando se hizo abacalero, ahora tiene 64. Luz María Calero es madre de doce hijos, aunque solo nueve de ellos están vivos. Una murió con leucemia en el año 2000, otra por una enfermedad desconocida, y otro más falleció a los cinco años. “Se me fue
secando, secando”. Todos ellos podrían haberse salvado si hubieran recibido la cobertura de salud que cualquier empleador debe por ley a sus trabajadores. Pero Furukawa jamás se ocupó de quienes con su trabajo la enriquecieron.

“Con todos los testimonios que había recogido el informe de la Defensoría del Pueblo, con los propios informes de las autoridades de Educación, de Salud, de la Dirección Nacional del Registro Civil, ya se había determinado la vulneración de derechos”, precisó el defensor Freddy Carrión, pero las autoridades del Gobierno prefirieron mirar hacia otro lado.

Lo han hecho durante los últimos 56 años.

Las viviendas que habitan los trabajadores de Furukawa fueron construidas hace más de 50 años. En apenas unos metros cuadrados conviven familias enteras sin acceso a luz eléctrica, agua corriente o retretes. Para cocinar y lavarse obtienen el agua de un pozo, que deben hervir antes de consumir. Para alumbrarse cuentan con un generador, aunque muchas veces tienen que utilizar velas. En vez de baños, algunos campamentos cuentan con fosas sépticas.

El hombre separa las láminas del tallo de abacá. Esta actividad, que se conoce como tucsear, es una de las que integra el proceso de extracción de la fibra, compuesto por la tumba de la planta, el deshoje, el tucseo, el acarreo en burro, el deshilachado en la máquina y el secado. Un operario introduce la fibra de abacá en la máquina para deshilacharla, antes de que sea secada y empaquetada para exportarla al resto del mundo. La máquina es propiedad de Furukawa, pero es el arrendatario quien tiene que pagar por la gasolina que la hace funcionar, así como por las reparaciones cuando se estropea.

Fuente: www.elpais.com


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